Daniela Santes y Verónica Pérez, juezas traficantes de impunidad


POR DOS AÑOS HAN BENEFICIADO AL DELINCUENTE JAVIER VENTURA BALTAZAR

La corrupción y tráfico de influencias proviene de la estrecha relación de amistad que sostiene con la cuñada del sentenciado, Nery Vázquez Gúzman, hermana de la esposa de dicho justiciable, quien además es servidora Judicial.

El 03 de julio de 2013, el Juez tercero de paz del centro remitió al Juzgado de Ejecución, la sentencia decretada en contra de Javier Ventura Baltazar por el delito de AMENAZAS cometido en perjuicio de Juana Fócil Correa, en la que le imponía las siguientes sanciones: 1 año, 1 mes y 15 días de prisión, $2,000.00 M.N. por concepto del pago de la reparación del daños y la posibilidad de sustituir la pena de prisión previo pago de la cantidad de $24,222.80  M.N.

 
En base a lo anterior el día 29 de noviembre de 2013 el entonces Juez de Ejecución en una audiencia pública y videograbada le concedió el plazo de 15 días hábiles para que pagara la multa y la reparación del daño y lo apercibió que de no hacerlo compurgaría la pena de prisión antes señalada.
 
Sin embargo, a partir de que la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales Guadalupe Daniela Santes Jiménez llevó el proceso de ejecución del sentenciado empezaron a presentarse una serie de anomalías para procurar la impunidad a Ventura Baltazar pues a pesar de que la víctima en diversas ocasiones le solicitó que iniciará el procedimiento para la ejecución de la sentencia la Jueza se lo negó argumentando DE OFICIO, lo cual contraviene la esencia del nuevo sistema penal, que el sentenciado pretendía acreditar que era una persona discapacitada física y económicamente y el día  09 de abril de 2014 -cuando ya habían pasado casi 9 meses sin que el sentenciado pagara- y sin que se hubiese emitido una resolución donde se demostrara el padecimiento médico o discapacidad económica de éste.
 
Mediante oficio y nuevamente sin petición de ninguna de las partes Daniela Santes, le informó al Director del Centro de Reinserción Social de Comalcalco que ella no tenía detenido al sentenciado, circunstancia que motivó que éste lo pusiera en libertad, lo cual causa suspicacia, si se parte del hecho que en ningún momento obra escrito alguno por parte del sentenciado, peticionando rinda dicho informe, ni oficio por parte de alguna autoridad peticionando algún informe ¿A cuenta de qué la juzgadora actúa así, se preguntará Usted, lector?
 
La razón por la cual la jueza procuró la libertad del sentenciado, proviene de la íntima y estrecha relación de amistad que sostiene con la cuñada del mismo, licenciada NERY VAZQUEZ GUZMAN, hermana de la esposa de dicho justiciable, quien además es servidora Judicial y quien desde que Daniela Santes, fue asignada al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales, Nery Vázquez “llega por las tardes a ayudarla”; pero no a abatir la carga de trabajo que en dicho lugar impera, sino que la ayuda a maquillar todo el rezago y abuso de autoridad ejercido por la citada jueza en los diversos procesos que tiene a su cargo, tan es así que su íntima amiga saca del recinto judicial las carpetas conformadas con motivo de los diversos procesos de ejecución y se los lleva consigo, sin importarle los riesgos que ello lleva implícito.
 
La administración al advertir las anomalías que se estaban suscitando en dicha carpeta; el ánimo de la jueza de favorecer al sentenciado y la inconformidad manifiesta de la parte ofendida, quien ya había interpuesto quejas ante el Consejo de la Judicatura de manera escrita y verbal –sin que hasta el momento hayan hecho algo para detener tanta impunidad-, optó por asignarle la carpeta a otra de las Juezas, no obstante, el abuso de autoridad continuo cuando la Jueza de Ejecución Verónica Pérez Avalos, quien también es parte del Cartel de la ex Magistrada degradada a Jueza Enedina Juárez, mediante oficio de fecha 29 de octubre del 2014, le ordenó al Director del Hospital Juan Graham Casasús, que realizara una valoración médica GRATUITA al sentenciado Ventura Baltazar.
 
Haciéndole creer al citado Director del Hospital que el sentenciado se encontraba detenido, pues como consta en autos, lo justificó en los artículos 116 y 117 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado los cuales establecen que la secretaria de salud prestará servicios médicos gratuitos a las personas que se encuentren privadas de libertad; no obstante lo anterior señaló que el sentenciado había solicitado ser exonerado de las sanciones penales cuando éste solo peticionó que se le cambiará el pago de la multa por trabajo en favor de la comunidad, hipótesis completamente diferentes.
 
Ya han pasado casi 2 años de que un juez de ejecución ordenó al sentenciado que en 15 días pagará la cantidad de $24,222.80 M.N. para obtener la libertad, sin que las juezas Daniela Santes y Verónica Pérez Avalos hayan ordenado su detención a pesar de que tampoco han resuelto si procede o no la sustitución de trabajo a favor de la comunidad que solicitó.
 
Todo lo anterior lo realizan con la intención de que por el transcurso del tiempo opere la hipótesis prevista en el artículo 54 de la Ley especializada, la cual establece que si un proceso está suspendido por el mismo plazo que la pena de prisión (1 año 1 mes 15 días) sin que se reanude se decretará el sobreseimiento del mismo sin necesidad de pago alguno. Así o más grave el tráfico de impunidad hacia el delincuente Javier Ventura Baltazar.
 
Pero el actuar de las juezas de ejecución, va más allá de todo limite, ya que Verónica Pérez Avalos, con tal de ayudar al segundo cerebro al mando de Cartel de Enedina Juárez, -Daniela Santes- sin mesura alguna y haciendo alarde de total impunidad, respaldada en el apoyo que alardea les da el Consejo de la Judicatura, se atreve a informar de manera oficial en fecha 20 de noviembre de 2014, que desde el 05 del mismo mes y año, existe una promoción presentada por la fiscal, la cual según su dicho ya estaba decretada pero aún tenía pendientes diversas correcciones por efectuar.
 
Es decir, aun a sabiendas del retraso que de manera maliciosa han provocado en esa carpeta, la molestia de la víctima e ignorando su deber de impartir justicia de manera pronta y expedita, Verónica Pérez Avalos no tuvo el menor empacho de informar a Presidencia, ¡Engañando incluso hasta el mismo Magistrado Presidente! que dicha promoción tenía más de 15 de haber sido recibida, y que ya existía un proyecto pero aún estaba siendo revisado.
 
Esto no es más que una clara muestra de la falta de imparcialidad que las caracteriza, pues por un lado, no se cansan de externar su preocupación por erradicar el rezago, pero por el otro, con total impunidad, retrasan de manera maliciosa los procesos de ejecución.
 
 Este tipo de situaciones hacen nugatoria la intención de la reforma constitucional, que pretendía que fuera una autoridad imparcial como la Judicial quien vigilara la ejecución de las sanciones penales impuestas a los procesados, pues la corruptela y abuso del poder continúa por parte servidores públicos sin escrúpulos como Daniela Santes Jiménez y Verónica Pérez Avalos, que en pro de beneficiar a amigos, familiares y personas que saben retribuir sus favores, no dudan en vender la justicias al mejor postor ¿Hasta cuando los Magistrados Consejeros de la Judicatura harán justicia a la ofendida o están demasiado entretenidos filtrando documentos a medios de comunicación para destruir el prestigio del Magistrado Presidente?